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USO rechaza el cierre de las plantas industriales de Alcoa

USO rechaza el cierre de las plantas industriales de Alcoa

La FI-USO rechaza el cierre de las plantas industriales de Coruña y Avilés del Grupo Alcoa y demanda de ALCOA un proyecto industrial de futuro para sus plantas de Coruña y Avilés que pasa por una inversión económica en nueva tecnología que consiga una drástica reducción de la factura energética. 

La Federación de Industria de USO-Asturias considera que la garantía de empleo de ALCOA-AVILÉS sólo estará asegurada a futuro con una planta que sea competitiva, que no ha de basarse solamente en un precio subvencionado de la factura energética. 

Las inversiones del Grupo ALCOA a nivel mundial no pueden suponer la condena de la planta de Avilés, condena que estará garantizada si el Grupo ALCOA no invierte en tecnología de última generación que la haga competitiva. 

FI-USO reclama del Ministerio de Industria español y del Gobierno del Principado de Asturias que realicen las gestiones necesarias para la inversión del Grupo Alcoa en sus plantas en España y si ésta niega las inversiones en un nuevo proyecto industrial, las Administraciones Públicas deben buscar un grupo industrial con un proyecto de futuro para las plantas que garantice el empleo actual. 

FI-USO demanda de ambos gobiernos, español y asturiano, que toda ayuda que puedan conceder al Grupo ALCOA esté ligada a la continuidad de la actividad industrial y al empleo.

Dicho lo anterior, la Federación Estatal de Industria defiende una salida de urgencia para la “interrumpibilidad” de ALCOA Avilés y Coruña para el año 2015, como paso previo a la búsqueda de una solución al problema estructural de competitividad de ALCOA- España. 

USO defiende que el coste de la energía en España no es un problema sólo de ALCOA, sino que es el principal problema de la industria española intensiva en consumo de electricidad. 

La industria española necesita, y la USO así lo defiende, una política energética europea que garantice la seguridad del suministro, dando certeza, seguridad jurídica y que garantice la competitividad en el coste energético con la media de la UE, acabando con el desequilibrio de costes que supone que la factura energética sea un 30% más cara en España; desequilibrio que ya está produciendo el cierre y la deslocalización de plantas industriales en España.

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